Según los últimos datos de la Fundación Observatorio Pyme (FOP), la creciente escasez de competencias técnicas en la población económicamente activa está comprometiendo la productividad de las pymes y la capacidad emprendedora de Argentina.

El informe detalló que 50% de las pymes manufactureras que busca contratar personal declara que la dificultad para cubrir las vacantes impacta en la caída de la productividad y en un aumento de los costos operativos. De acuerdo con las declaraciones de los empresarios, éste es el efecto más importante, al tiempo que aumenta la carga de trabajo del resto del personal y dificulta la introducción de nuevos productos y procesos impidiendo el desarrollo de nuevas prácticas laborales.

La escasez de capacidades técnicas de la población es una de las tres causas que explica el escaso dinamismo emprendedor de Argentina, donde sólo 15% de la población declara una actividad emprendedora, contra 20% del Brasil y 25% en Chile.

Entre 2005 y 2019 las dificultades medias y altas para reclutar técnicos aumentaron desde 66% a 76%, incluso en un contexto de caída en la demanda de trabajo entre las industrias pymes.

Según el FOP, las industrias pyme están requiriendo aproximadamente 10 mil técnicos y universitarios para sus distintas áreas, como ser producción, mantenimiento y reparación de máquinas, control de calidad, logística, sistemas informáticos, etcétera.

Al consultar por los motivos que explican la dificultad para contratar el personal requerido, es importante destacar que la dificultad de reclutamiento no se explica por la insuficiencia del salario ofrecido por las pymes (sólo 30% de los casos), sino por la falta de experiencia de los postulantes (66%) y la insuficiencia de las capacidades técnicas de los mismos (64%).

La escasez es tan grande que aun en un momento de gran recesión como el actual, 82% de las pymes industriales manifiesta la necesidad de una mayor vinculación entre las empresas y las escuelas técnicas, ofreciendo visitas de los estudiantes a las fábricas y encuentros en la misma escuela, para favorecer el mejor conocimiento recíproco.

Argentina descendió un puesto (del 84° al 85°) en el Índice de Comercio Electrónico que elabora la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo (Unctad) correspondiente a este año, que incluye a 152 países y ubica a Chile, Costa Rica y Colombia entre los primeros puestos de la región.

El estudio que difundió la Unctad destaca que Holanda se situó por segundo año consecutivo como el país con mejor implantación del comercio electrónico entre negocios y consumidores (B2C, por su sigla en inglés).

Suiza se situó en segundo lugar, tras subir un puesto con respecto al ranking del año pasado, y Singapur en el tercero, en una lista donde ocho de los 10 primeros clasificados son europeos.

El Índice mide la preparación de una economía para respaldar las compras en línea, a partir de cuatro indicadores altamente relacionados: el porcentaje de población mayor de 15 años propietario de cuentas en una institución financiera o con un proveedor de servicios de dinero móvil; la proporción de personas que usan Internet; el Índice de confiabilidad Postal; y el número de servidores seguros de Internet.

Chile es la nación latinoamericana mejor situada, en el puesto 60°, si bien descendió desde el nivel 50° del año pasado. Debido a ese retroceso el país trasandino dejó de ocupar un lugar entre las diez economías en desarrollo con más comercio electrónico: Singapur, China (incluido Hong Kong), Corea, Emiratos Árabes, Malasia, Irán, Qatar, Tailandia, Arabia Saudita y Turquía.

En América Latina, Costa Rica avanzó en el Índice de la Unctad, del puesto 71° al 61°, mientras Colombia progresó del 73° al 66°.

Entre los países regionales que también aventajan a la Argentina figuran República Dominicana (67°), Jamaica (69°), Trinidad y Tobago (71°), Brasil (puesto 74°), Venezuela (80°), Uruguay (81°), Paraguay (82°) y Panamá (83°).

La Federación Comercial de Córdoba (Fedecom) y la Cámara Mediterránea de Comercio Electrónico (Camece) firmaron un convenio marco de cooperación interinstitucional por medio del cual se comprometieron a trabajar de manera colaborativa en materia de investigación, asistencia técnica, planes y programas de capacitación, propuestas estratégicas, desarrollo de herramientas prospectivas e informes técnicos, entre otros, destinados a ofrecer servicios y beneficios a sus asociados y al público en general, mediante la generación de acciones que patrocinen conjunta o individualmente.

La firma del acuerdo se llevó a cabo en la sede de Fedecom, donde firmaron su presidente, Ezequiel Cerezo, y la secretaria, Cecilia Pérez Contreras. En tanto, en representación de Camece firmaron su presidente, Guillermo Aníbal Montenegro, y su secretario, Matías Altamira.

En función de la prolongada crisis económica que otra vez atraviesa nuestro país, y que en el sector comercial se pone de manifiesto mediante los 21 meses de caídas interanuales consecutivas en sus ventas minoristas, la Federación Comercial de Córdoba (Fedecom) pide a los tres niveles de Gobierno que no incremente la presión impositiva y procuren un Estado eficiente que limite el gasto público.

Los resultados negativos del reciente relevamiento de las ventas del mes de noviembre demuestran el denodado esfuerzo que el sector pyme comercial viene realizando, reasignando gastos e inversiones, con el sólo objeto de sostener sus estructuras empresariales y las fuentes laborales que genera.

La recesión, sumada a la pérdida constante del poder adquisitivo de los consumidores producto de la marcada inflación que venimos padeciendo y a la excesiva presión fiscal que pesa sobre nuestras pymes, hace que resulte insostenible un nuevo incremento en los tributos que impactan directamente en la escasa rentabilidad de nuestros comercios.

Entendemos que es fundamental el aporte que hacemos como sector privado al desarrollo de nuestro país, ya que somos responsable de generar empleo genuino, siendo éste la condición necesaria para la generación de riquezas. En función de ello, solicitamos de manera imperiosa a todos los niveles del Estado que procuren un eficiente funcionamiento de sus estructuras, limitando el gasto público, evitando aumentar la presión fiscal sobre el sector privado, situación que sin lugar a dudas agravará aún más la realidad por la que atraviesa toda la actividad económica de nuestra provincia.

Las ventas minoristas cayeron 8,9% en el mes de noviembre

Fundamenta el reclamo que hoy hacemos el relevamiento de las ventas minoristas de los comercios pymes de la provincia de Córdoba que finalizaron el mes de noviembre con una caída del 8,9% frente a igual mes del año anterior, acumulando de este modo una baja promedio mensual de 11,3% con respecto al año anterior.

Con el dato de noviembre ya son veintiuno los meses de caídas interanuales consecutivas en las ventas minoristas de Córdoba.

Los 12 rubros relevados mostraron desempeños negativos en la comparación interanual respecto a las cantidades vendidas. Las caídas más pronunciadas se observaron en: Joyería, relojería y bijouterie (-12,2%); Electrodomésticos y artículos electrónicos (-11,5%); Juguetería y librerías (-11,3%); Artículos deportivos y de recreación (-10,2%); Ferretería, materiales eléctricos y materiales para la construcción (-9,8%); Indumentaria (-9,7%); Bazar y regalos (-9,4%); Calzados y marroquinería (-8,5%); Muebles y decoración (-8,3%).

Las variaciones en cantidades vendidas para los restantes rubros fueron: Neumáticos y repuestos (-7,4%); Alimentos y bebidas (-6,5%); y finalmente, Farmacia, perfumería y cosmética (-6,1%).

En lo referido a formas de pago, el 48% de las transacciones del mes de noviembre se realizaron con medios electrónicos (prioritariamente tarjeta de crédito), un 42% en efectivo y el 10% restante con créditos propios de los establecimientos comerciales.

Las expectativas del sector comercial continúan siendo pesimistas, ya que el 49% considera que las ventas del próximo mes disminuirán, un 19% proyecta que aumentarán (basado en que diciembre es tradicionalmente un mes de ventas elevadas), mientras que un 32% manifestó que se mantendrán sin cambios. Finalmente y al ser consultados sobre la posibilidad de incrementar los precios para el próximo mes, un 25% de los comercios explicitó que los aumentará entre 5 y 10%.

La Federación Comercial de Córdoba (Fedecom), representada por la Coordinadora de la Comisión Directiva, Yanina Rodríguez, firmó ayer 28 de noviembre el convenio de adhesión a la capacitación de la “Ley Micaela”, en el marco de la campaña mundial de ONU Mujeres “16 Días de Activismo contra la Violencia de Género”.

La firma se llevó a cabo en la sede del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Córdoba, luego de lo cual se hizo, junto a otras entidades vinculadas al sector de los trabajadores y de los empresarios, una suelta de globos naranjas con la que se selló el compromiso asumido.

La campaña de ONU Mujeres se estableció en el marco del “Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”, del pasado 25 de noviembre. Con ese horizonte, la campaña ÚNETE de ONU propuso el lema “Pinta el mundo de naranja: Generación Igualdad se revela contra la violación”.

El Gobierno de Córdoba, implementación de la Ley Micaela mediante, propuso una serie de “actividades naranjas” durante 16 días, que incluyó la firma de este convenio. El propósito de las mismas es generar conciencia sobre las violencias hacia las mujeres y niñas, llamando a la acción para que Córdoba se movilice en favor de la equidad de género.

Las primeras marcas de productos alimenticios perdieron 9% del mercado en 2019, mientras que las propias, segundas y terceras crecieron 40%, según un informe del IAE Business School, escuela de negocios de la Universidad Austral.

De acuerdo con el informe, «el ciclo de contracción económica redujo la frecuencia de compra, reconfiguró las preferencias de canales y las marcas, y produjo fuertes caídas en categorías como lácteos (-11%) o refrigerados (-13%)».

«El consumo en los últimos años muestra los avatares de la administración saliente y la inflación aparece como su principal enemigo», indicó el informe elaborado por el Centro de Liderazgo en Mercados y Retail del IAE Business School.

«En los últimos cuatro años, el salario siempre perdió frente a la inflación, y esto se refleja en el traslado hacia marcas B, C o Marcas Propias», agregó su director, Guillermo D’Andrea.

Además, «el cuadro del consumo muestra importantes cambios de hábitos que se han venido consolidando en estos años difíciles: los más segmentos más altos -ABC1-, registran algún movimiento hacia marcas B, e incluso hacia marcas propias, pero al fin solo representan apenas 10% del consumo».

En cambio, agregó, «en los niveles medio bajo y bajo que absorben 87% del consumo, su principal interés es dejar de caer o simplemente sobrevivir, con los ingresos más bajos situados por debajo de los $15.000».

Según la consultora Scentia, citada en el informe, «pañales y pizzas congeladas migran hacia marcas B, categorías como dulce de leche, crema y leche chocolatadas migran hacia B y C, en tanto quesos, margarinas, congelados de carne, sardinas y puré instantáneo son más proclives a moverse hacia marcas propias».

Las ventas en supermercados cayeron en septiembre 8,8% interanual; las de los autoservicios mayoristas 3,2% y la de los shoppings 3,9% siempre para la comparación con igual mes del año anterior, de acuerdo con la información del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

En cambio, la venta de electrodomésticos subió 52,3% a precios corrientes, pero por debajo de la inflación que acumuló 53,5% respecto a septiembre de 2018.

La facturación del noveno mes del año en los supermercados sumó un total de 22.173 millones de pesos, informó el Indec. En la composición del consumo, las ventas de almacén representaron 28,4%, seguida por artículos de limpieza y perfumería (15,3%), lácteos (12,5%), carnes, (11%), bebidas (11%), electrónicos y artículos para el hogar (4,7%), panadería (3,8%), verdulería y frutería (3,4%), indumentaria, calzado y textiles para el hogar (2,1%), alimentos preparados y rotisería (uno por ciento) y otros (6,9%).

Los consumos dentro de los shoppings se distribuyeron en 40,9% en indumentaria y consumo; 14,6%, en patio de comidas, alimentos y kioscos; 11,9%, en ropa y accesorios deportivos y además también se registró una asistencia de 5.341 espectadores por sala en una oferta total de 379 salas cinematográficas.

El comercio electrónico entre empresas y consumidores facturará este año US$12.600 millones en Argentina, y se ubicará tercero en el ranking de la región latinoamericana, según un estudio de la empresa de tecnología y servicios SAP Latinoamérica.

A su vez, el informe Ecommerce Report indica que en la región, el volumen de negocios de esta actividad llegará a los US$84.000 millones, lo que implica un crecimiento de hasta el 15% respecto al año anterior.

México, con US$28.800 millones, será el país con mayor volumen, seguido por Brasil (US$20.900 millones) y Argentina (US$12.600 millones).

Según el informe uno de los factores que explican el incremento es la continua expansión de internet que en la región para fines de este año alcanzará una penetración del 69%, contra el 66% del año pasado.

El valor más alto de Latinoamérica lo tiene Uruguay, con un 88% de penetración, seguido por Costa Rica (85%), Argentina (82%), Ecuador (80%) y Chile (73%).

En el otro extremo, en Honduras hay apenas un 39% y en Guatemala, un 42%.

El Ministerio de Producción resolvió eliminar el Certificado de Origen como instrumento para acreditar la procedencia de la mercadería para consumo que ingresa del exterior, a través de la resolución 1288/2019 publicada en el Boletín Oficial.

La misma precisó que «el comercio exterior ha sido objeto de profundos avances, en cuanto a logística, almacenamiento, distribución, tiempos y modernización de las herramientas utilizadas y, en ese contexto, el Certificado de Origen con fines estadísticos como medio de acreditación de origen de las mercaderías genera retrasos y mayores costos en la operatoria».

En consecuencia, consideró que «resulta necesario eliminar el certificado de origen como mecanismo para acreditar el origen de los productos a los fines estadísticos».

Así la normativa indicó que los requisitos documentales serán exigibles cuando la mercadería esté sujeta a la aplicación de derechos antidumping o compensatorios o específicos o medidas de salvaguardia, quedando también contempladas las importaciones sujetas a dichos tratamientos en razón de ser originarias de países a los que no se otorga el trato de nación más favorecida.

Además, estableció como requisito documental la presentación de la Declaración Jurada de Origen No Preferencial, a los efectos de acreditar el origen al momento del trámite de despacho en las destinaciones definitivas de importación para consumo de los bienes alcanzados, junto con el resto de la documentación aduanera exigible.

Para ello, los interesados deberán ingresar a la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD), a través de la cual deberán generar la Declaración.

La Dirección de Origen de Mercaderías iniciará un procedimiento de Investigación de Origen No Preferencial sobre una determinada posición arancelaria proveniente de uno o más orígenes, ante denuncias del sector privado o inconsistencias advertidas por la Dirección General de Aduanas o la autoridad de aplicación sobre el origen declarado en la Declaración Jurada de Origen No Preferencial.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) estableció nuevas definiciones respecto del aporte de las constancias para que los contribuyentes puedan acreditar la veracidad del domicilio fiscal denunciado, a través de la resolución general 4634/2019 publicada en el Boletín Oficial.

La misma indicó que además de los recaudos propios que para cada caso se establecen, la existencia y veracidad del domicilio fiscal denunciado se acreditará con al menos uno de los nueve instrumentos fijados por AFIP.

Estos son documento nacional de identidad argentino; certificado de domicilio expedido por autoridad competente; acta de constatación notarial; comprobante de un servicio a nombre del contribuyente o responsable; título de propiedad o contrato de alquiler o de leasing, del inmueble cuyo domicilio se denuncia; extracto de cuenta bancaria o del resumen de tarjeta de crédito, cuando el solicitante sea el titular de tales servicios.

También puede acreditarse con habilitación o autorización municipal equivalente, cuando la actividad del solicitante se ejecute en inmuebles que requieran de la misma; Certificado de Vivienda Familiar emitido por la Agencia de Administración de Bienes del Estado, entregado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses); y estatuto o contrato social y, en su caso, el acta de directorio o del instrumento emanado del órgano máximo de la sociedad, o instrumento constitutivo inscripto y actualizado, en los casos que el domicilio fiscal declarado coincida con el domicilio legal obrante en el citado documento.

En situaciones especiales o cuando por circunstancias particulares el solicitante no pudiera aportar ninguno de los elementos detallados, la dependencia interviniente podrá aceptar otros documentos o comprobantes que, a su criterio, acrediten fehacientemente el domicilio fiscal denunciado.