Fedecom y el reclamo a los candidatos a Gobernador

En el marco de las reuniones llevadas a cabo por el G6 con los candidatos a gobernador de la provincia de Córdoba, Martín Llaryora (Hacemos Unidos por Córdoba) y Luis Juez (Juntos por el Cambio) y sus respectivos equipos, el presidente de la Federación Comercial de Córdoba (Fedecom), Fausto Brandolin, hizo oír los reclamos del sector de las pequeñas y medianas empresas comerciales y de servicios.

En primera instancia, solicitó la revisión total del impuesto a los Ingresos Brutos (IIBB). Luego de repasar las dañinas consecuencias de este tributo, que en la actividad comercial impacta en una misma operación hasta en cuatro etapas distorsionando la rentabilidad y haciendo inviable la actividad -especialmente cuando se realiza en forma digital o usando medios de pagos electrónicos-, compartió un cuadro actualizado al pasado mes de abril en el que se puede observar cómo fue cambiando la ecuación de la recaudación provincial a través de los años, concentrándose en IIBB y Sellos.

En ese sentido, relató que los negocios que están dentro del Convenio Multilateral, rápidamente se convierten en sujetos de percepción en distintas provincias, lo que genera saldos fiscales a favor que no pueden usarse. Al mismo tiempo, refirió que esos saldos quedan “congelados” y no se actualizan según inflación, como sí lo hacen las deudas.

Por otra parte, planteó que para lograr una mejor en la competitividad es necesario revisar el Impuesto a los Sellos en relación a la actividad productiva, y el costo de la energía eléctrica, sobre todo en el interior de la provincia.

“Es necesario comprender que por todas estas cuestiones muchos empresarios están abandonando la formalidad y se pasan a la informalidad, cerrando un círculo vicioso en el que luego se convierten en competencia desleal”, remarcó.

Consciente de que esta realidad no sólo refleja la situación de la provincia de Córdoba, Brandolin también refirió que Fedecom apoya, junto a otros sectores productivos, la idea de una reforma laboral profunda que permita terminar con la “industria del juicio” y que ofrezca más seguridades a la hora de contratar trabajadores.

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