El titular de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Gerardo Díaz Beltrán, en nombre de todas las cámaras, federaciones y pymes argentinas que la conforman, entre las cuales se encuentra Fedecom, pidió el «compromiso» de todos los sectores políticos para debatir en el Congreso el proyecto de blanqueo laboral.

El reclamo fue expuesto el martes pasado, previo a que fracasara el debate del proyecto en el plenario de comisiones, luego de que los representantes de la CGT decidieran faltar, lo que motivó que el oficialismo resolviera que el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, no expusiera la postura del Gobierno ante los legisladores.

Díaz Beltran, participó al comienzo de la reunión de las comisiones de Trabajo, Previsión Social y Presupuesto y Hacienda del Senado, cuando manifestó su apoyo al proyecto de blanqueo laboral impulsado por el legislador oficialista Roberto Basualdo (Cambiemos-San Juan).

«La iniciativa resume los constantes planteos de nuestra entidad y cumple con los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para que haya un diálogo tripartito entre empleadores, gremios y gobierno», dijo. «Un juicio laboral no sólo termina con un puesto de trabajo, también mata a la pyme», aseguró.

Según CAME, «el trabajo no registrado es uno de los factores más preocupantes para una pequeña y mediana empresa que, por un lado, teme contratar personal ante el riesgo de un juicio laboral, y por el otro, ante los altos costos de los aportes patronales».

Para la entidad pyme, el proyecto de ley presentado por Basualdo puede representar «un alivio ante la litigiosidad laboral y un descuento del 33% en aportes y contribuciones, algo que permitirá bajar el costo argentino para poder ser competitivos».

Además, con la condonación de deudas fiscales y de seguridad social de todo trabajador que se encuentre parcial o totalmente no registrado al momento de la promulgación de la ley, «se espera frenar, en el ámbito administrativo y judicial, la industria del juicio en curso y reducir las multas, el costo fiscal y de seguridad social», concluyó Díaz Beltran.