La Cámara de Diputados de la Nación sancionó por 144 votos afirmativos, 6 votos negativos y 31 abstenciones, el proyecto que establece un Régimen de Responsabilidad Penal para las personas jurídicas.

Como miembro informante del proyecto, la diputada Gabriela Burgos, presidente de la Comisión de Legislación Penal, recordó que la iniciativa fue enviada por la Oficina Anticorrupción, aprobada con cambios en Diputados y modificada en el Senado.

Las modificaciones realizadas extienden el objeto de la ley a los delitos de cohecho y tráfico de influencias; negociaciones incompatibles con la función pública; enriquecimiento ilícito y realización de balances falsos en empresas.

Además, el Senado estableció un plazo de prescripción de 6 años para los delitos de esta naturaleza. En cuanto a las penas, las multas se tienen que cuantificar entre el 2 o 5 por ciento del monto del beneficio que se podría haber obtenido en el ilícito.

“Esta ley va en sintonía con los países del mundo que modifican sus legislaciones para atacar la corrupción utilizando personas jurídicas”, explicó Burgos.

En tanto, el diputado Daniel Lipovetsky, en nombre del interbloque Cambiemos, dijo: “Hoy estamos dando un paso enorme en la lucha contra la corrupción. Si queremos terminar con la corrupción tenemos que sancionar a los funcionarios, a los empresarios y a las personas jurídicas”.

Desde el Frente para la Victoria, Guillermo Carmona, adelantó que su bancada se abstendría de votar el proyecto. “Esta ley podría denominarse ley OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos). Una organización en la que el gobierno está interesado en participar, que pone condiciones para su ingreso”, dijo.

En las leyes actuales las penas recaen sobre las personas físicas -directivos, gerentes o quienes tienen responsabilidad por los delitos- pero no sobre las organizaciones, como sí sucede en otros países. La sanción de la ley implicará el cumplimiento del pedido de la OCDE para que Argentina pueda ingresar a dicho organismo.