Entidades empresariales que nuclean a sectores comerciales de las provincias de Córdoba y Santa Fe solicitaron ayer, de manera urgente, a legisladores y ejecutivos municipales y provinciales de ambas jurisdicciones, una normativa y acciones concretas que prohíban el asentamiento de “saladitas” o formatos similares.

La petición obedece a las alarmantes versiones mediáticas que se conocieron sobre la posible instalación de La Salada en cercanías a la autopista Rosario – Córdoba.

Convocados por la Asociación Empresaria de Rosario (AER), representada por Ricardo Diab; la Federación Santafesina de Centros Comerciales Abiertos, representada por Fernando Forgione; la Federación de Comercio de Córdoba (Fedecom), representada por Ezequiel Cerezo; la Federación de Cámaras Empresarias de Comercio de Santa Fe (FECECO), representada por Eduardo Taborda; la Federación de Centros Comerciales Abiertos de Rosario y la Región, y con el acompañamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), expresaron estar en estado de alarma y solicitaron una normativa y acción del ejecutivo para ponerle un freno a la supuesta instalación de La Salada. 

Juan Pablo Diab, asesor legal de AER y CAME, explicó que en la provincia en octubre de 2015 se sancionó una ley para evitar la instalación de La Salada en territorio santafesino y que la misma si bien no fue reglamentada, sentó las bases para lograr su objetivo. 

Sobre la gravedad de las ferias ilegales

La Salada fue caracterizada por la Unión Europea (UE) como la feria ilegal más grande del mundo.

Según un informe de CAME de 2019, la venta ilegal en la vía pública y en saladitas ascendió a $10.015 millones en noviembre y cerraba el año en $120.177 millones. El dato surge de un relevamiento en 500 ciudades del país. Allí se encontraron 99 localidades con formatos comerciales tipo “Saladitas” y manteros en el 75% de las localidades recorridas. Se detectaron 490 saladitas con 45.653 puestos ilegales y 79.259 manteros en la vía pública. Hay 17% de menos puestos en saladitas pero se duplicaron los manteros. Sólo de IVA el Estado habría perdido de recaudar $25.235 millones en 2019.

Los aspectos negativos de este tipo de instalaciones incluyen la pérdida de recaudación para el Estado, la existencia de trabajo esclavo, informal, personas sin aporte, obra social y organizaciones mafiosas que condicionan la vida de las personas que la integran.

Además, se comercializan productos de piratería, con falsificación de marcas, que circulan en la total ilegalidad, y que generan una competencia desleal que va en desmedro de todas aquellas actividades productivas y comerciales que lo hacen formalmente, con costos impositivos, laborales, alquileres, etc.