La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) dejó sin efecto el 22 de marzo el régimen de información de operaciones comerciales minoristas, que regía desde enero de 2014.

El régimen obligaba a esos establecimientos a informar sobre las operaciones efectivizadas a través de controladores fiscales, las cantidades vendidas de determinados productos y el precio unitario facturado, correspondientes a cada día.

“El avance tecnológico alcanzado por esta Administración Federal permite utilizar, de manera gradual, nuevas tecnologías de controladores fiscales”, señaló la resolución general 4014-E publicada en el Boletín Oficial.

De este modo, añade la norma que lleva la firma de Alberto Abad, se optimizan “los métodos de obtención de datos y transmisión en forma sistémica y periódica a las bases informáticas institucionales”.

El régimen ahora sin efecto obligaba a los comercios minoristas a remitir la información requerida -un archivo por cada día-, dentro de los siete días corridos siguientes al de las operaciones realizadas, y advertía que los incumplimientos eran pasibles de las normas sancionatorias establecidas en la Ley de Procedimiento Tributario.

Para conocer el texto de la Resolución General ingrese aquí.

Con el objeto de acercar a las pequeñas y medianas empresas al mercado de capitales, la Comisión Nacional de Valores (CNV) lanzará un nuevo instrumento: Obligaciones Negociables (ON) Simplificadas.

Las ON son un instrumento de emisión de deuda por parte de empresas que necesitan financiarse en el mercado, que permiten a su vez que el ahorrista invierta directamente en las empresas emisoras de esos títulos.

Los técnicos  están trabajando en la puesta en marcha del nuevo instrumento y en el desarrollo dentro del propio organismo de un área que estará directamente enfocada a atender a este grupo de empresas que hoy no llegan al mercado de capitales.

La ON estará avalada por una Sociedad de Garantía Recíproca (SGR), tal y como se hace en el caso de los cheques de pago diferido. Tendría un mínimo de $500.000 para salir a la plaza y bajo costo en su estructuración, ya que los requisitos de emisión se reducirán y simplificarán.

“Esta ON hoy no existe. La idea es que cubra necesidades de financiamiento mayores a 18 meses. Para plazos más cortos, queremos que se siga usando el cheque de pago diferido. Quizás limitemos los plazos de 18/24 a 60 meses, que es donde vemos la mayor demanda de estos productos”, indicó Martín Gavito, director de la CNV.

Gavito explicó que en 2016 el financiamiento total de las pymes en el mercado en general, incluyendo bancos y mercado de capitales, “fue de poco más de $400.000 millones. Unos $385.000 fue a través de bancos, 96%; y en el mercado de capitales fue de menos de $18.000 millones, sólo 4%”, precisó, y agregó que de este último grupo $16.000 fueron a través de cheques de pago diferido.

Y destacó el alto potencial que puede significar para las pyme este sistema comparando datos de los países vecinos. “En Chile el crédito interno al sector privado en relación al PBI es de 111%, en Brasil es de 68% y en Argentina es menos de 15%”, dijo.

Según las estadísticas que manejan en la CNV, “55% del financiamiento de las pymes industriales que invierte, lo hace con capital propio. Cierran el año y con lo que queda invierten. Eso queremos que cambie”, indicó.

El funcionario explicó además, que una pyme que hoy se financia en el mercado con cheques de pago diferido lo hace a tasas de 21% y plazos de entre 90 y 120 días; y a 19% si lo hace al año, su plazo máximo. En ese sentido, estimó que el costo puede ser similar para las ON pero eliminará el riesgo de renegociación que hoy pagan las empresas cuando vuelven a financiar un cheque en la plaza.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ratificó el lunes pasado que el 31 de marzo vencerá el plazo para sincerar los activos no declarados, como así también la posibilidad de regularizar deudas impositivas vencidas al 31 de mayo de 2016.

«Si bien el último día para sincerar un bien es el 31 de marzo, en el caso de las propiedades se recomienda a los ciudadanos no esperar a último momento ya que uno de los pasos requeridos es la intervención de un martillero público u otro profesional habilitado para confirmar la tasación del inmueble», recomendó la AFIP a través de un comunicado de prensa.

Asimismo, destacó que «una situación similar ocurre con los bienes declarados a nombre de un tercero, el cual debe dar su consentimiento para poder sincerarlos».

De esta manera, la dependencia que dirige Alberto Abad salió al cruce de una serie de versiones que hablaban de una posible prórroga del blanqueo.

Los precios de los productos agrícola-ganaderos se multiplicaron por 4,75 veces promedio en febrero en el trayecto que hicieron desde el campo hasta el consumidor. Eso significó una mejora mensual de 4,3% frente a enero (cuando la brecha fue de 4,96 veces) aunque igualmente se encuentra en niveles muy elevados para una gran cantidad de alimentos.

Lo que explica la reducción de la diferencia fue la mejora en las disparidades de la manzana, la naranja, pera, acelga y ajo, donde se combinaron progresos en los valores al productor con caídas en los importes al público.

Los datos surgen del Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD) elaborado por el Área de Economías Regionales de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) para una canasta de 25 alimentos agrícolas-ganaderos que se consumen en fresco. Para elaborar el indicador se tomaron montos diarios online de los principales supermercados del país y más de 200 precios de verdulerías y mercados para cada producto.

En febrero, el IPOD agrícola alcanzo un valor de 4,99, bajando 3,1% frente a enero y 10,8% en relación a febrero de 2016. El IPOD ganadero, en tanto, se ubicó en 3,81 descendiendo 9,9% frente al mes anterior y 5,2% cuando se lo compara con la cifra de un año atrás.

La participación del productor en el importe de góndola subió por quinto mes consecutivo al ubicarse 3% por encima de enero. Para el promedio de los alimentos, el agricultor recibió el 27,9% del precio que pagó el consumidor (vs 27,1% en enero).

Luego de que dos proyectos de ley quedaran “empantanados” en el Congreso nacional (uno en la Cámara de Diputados y otro en la de Senadores), el Gobierno propició el diálogo que finalmente llevó a que el viernes 17 de marzo los representantes de los bancos y del comercio minorista acordaran rebajar las comisiones que se pagan por el uso de tarjetas de crédito y de débito.

El acuerdo, que forma parte de un programa que se extenderá por cuatro años, se firmó en el Ministerio de Producción, donde su titular, Francisco Cabrera, destacó “el diálogo y el respeto de la ley como el mejor camino para mejorar la vida de la gente”.

Esta rebaja “representa un ahorro de 5.000 millones de pesos anuales para los comercios”, destacó Cabrera.

El programa establece, en lo inmediato, una baja del 3 al 2,5 por ciento en el arancel que pagan los comercios a las empresas que controlan las tarjetas de crédito, para llegar al 1,8 por ciento en el 2021.

En el caso de tarjetas de débito, en tanto, el arancel se reducirá del 1,5 por ciento actual al 1,2 por ciento, para converger al 0,8 por ciento en 2021.

De manera paralela, los 14 bancos propietarios de Prisma -la empresa que posee el 80 por ciento de las tarjetas de crédito y el 72 por ciento de las de débito-, anunciaron un proceso de “desinversión” en ese rubro, para eludir cualquier medida en su contra por la presunta “posición dominante” en el mercado.

El acuerdo fue suscripto por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), en representación de los comerciantes, y las empresas Prisma (licenciataria de VISA), First Data (licenciataria de Mastercard), Cabal, Tarjeta Naranja, Italcred y Tarshop.

Cabrera, y el secretario de Comercio, Miguel Braun, rubricaron el acuerdo.

El ministro destacó que la propuesta de desinversión que presentó Prisma entró a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que la analizará y tendrá un primer dictamen en 15 días.

“La idea es que mejore la competencia en el mercado de pagos. Con estos cambios los bancos serán los emisores de las tarjetas directamente, tal y como pasa en el mundo”, dijo el funcionario.

El presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Osvaldo Cornide, expresó ayer 15 de marzo, que están avanzando en un acuerdo con el Banco Central (BCRA) para implementar una baja paulatina de las comisiones a las tarjetas de débito y crédito hasta llegar a 0,8% y 1,8% respectivamente.

«Nos preocupa el costo de las tarjetas de crédito, ya sacamos dos leyes bajando las comisiones y el año pasado teníamos otra que se frustró. Ahora, trabajando con el BCRA, hemos llegado a un acuerdo dónde se rebajarían tanto las comisiones de tarjetas de débito como de crédito», dijo Cornide tras la inauguración del XI Seminario Internacional de Centros Comerciales a Cielo Abierto (CCCA), en Parque Norte, Buenos Aires.

Cornide enfatizó el compromiso por la rebaja de los aranceles de las tarjetas de crédito y débito, y aseguró que continúa el diálogo con diputados, senadores y el gobierno nacional: «Estamos cerca de un acuerdo», dijo.

Las ventas totales con tarjetas de crédito y débito cayeron en febrero 30% respecto de enero, la cantidad de transacciones bajó 28,3%, y el valor del ticket promedio se redujo 2,3%, al descender de 962 a 939 pesos en la comparación mensual, según un informe de Increase.

Estos descensos coinciden con el primer mes de vigencia del programa oficial de Precios Transparentes.

El CEO de Increase, Sebastián Cadenas, destacó que “en las transacciones con tarjeta de crédito registramos un incremento en el pago en una sola cuota, en relación al pago en varias cuotas”. Así, el informe indicó que “entre los que pagaron con tarjeta de crédito en cuotas, en febrero 73,9% lo hizo en una cuota” frente a 69,9% de los que lo hicieron enero.

Increase es la plataforma online que ayuda a los comercios a controlar y administrar la información de las ventas con tarjetas de crédito, en base a más de 5.000 terminales pos de los clientes que utilizan sus servicios en todo el país.

Según el informe, que incluye datos de los sectores de Indumentaria, Gastronomía, Jugueterías, y Farmacias, en febrero 90,5% de las transacciones se realizaron con tarjeta de débito, lo que muestra un aumento en relación al 89,3% del mes anterior. Mientras, 9,5% fue con tarjeta de crédito, inferior al 10,6% de enero.

Dentro de los sectores, Jugueterías fue el que evidenció las mayores bajas tanto en las ventas totales con tarjetas -que se retrajeron en febrero 51,5% en relación a enero-, como en la cantidad de transacciones que bajaron 48,61%.

En Indumentaria, las ventas con tarjetas se contrajeron 27% y el número de operaciones disminuyó 31% en la variación mensual; en Farmacias hubo caídas de 32,5% y 28,2% respectivamente; mientras que en Gastronomía se registró una suba de 2,1% en el primer caso, y una merma de 5,7% en el segundo.

Por otra parte, según un relevamiento realizado por Increase luego del anuncio oficial de Precios Transparentes, 58,8% de las empresas consultadas dijo que tenía poca información sobre el alcance de la nueva medida y la forma de implementarla, mientras que 41,2% señaló que tenía suficiente.

El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) lanzó el pasado jueves 9 de marzo, en su sede central, su oferta académica 2017 integrada por 30 cursos en dos niveles (introductorio y avanzado) sobre temáticas vinculadas a la discriminación, y una Diplomatura Superior universitaria especializada en Políticas Antidiscriminatorias. De esta manera, se encuentra abierta la inscripción y el ciclo lectivo tuvo su comienzo el 13 de marzo.

“Una de nuestras misiones es la de sensibilizar y promover el mensaje de las políticas antidiscriminatorias para lo cual este campus virtual que lanzamos resulta una herramienta útil, eficaz y moderna que permite acercarnos a las ciudadanas y ciudadanos y empoderarlos de sus derechos”, expresó el Interventor del INADI, Javier Bujan.

Los cursos son de acceso libre a la población de habla hispana y la modalidad de cursada es virtual, a través del Campus Virtual INADI: http://campus.inadi.gob.ar/.

La plataforma cuenta con videos de los docentes, tutoriales, un foro de discusión y bibliografía online para descargar de la Biblioteca, editada y creada por el Instituto.

Verano y promoción de derechos

En tanto, y en el marco de la Campaña de Verano que se llevó adelante en los principales centros turísticos del país, el INADI estuvo en Córdoba donde difundió los derechos y asesoró sobre cómo prevenir la discriminación.

Alta Gracia, Villa Carlos Paz, Mina Clavero, Villa cura Brochero, el Valle de Punilla, el Valle de Calmuchita y la Fiesta Nacional del Mate, fueron algunos de los puntos turístico y eventos donde la delegación de Córdoba, liderada por Mara Pedicino, difundió el mensaje de inclusión, con caminatas y jornadas de capacitación en cada epicentro.

En Mina Clavero, Pedicino fue recibida por Alejandra Leloutre, representante de la Federación Comercial de Córdoba (Fedecom)y presidente del Centro de Turismo y Comercio (CenTurCom Mina Clavero), institución integrante del Registro de Organizaciones de la Sociedad Civil del INADI.

El gobierno nacional dispuso la asignación de 5.000 millones de pesos para otorgar créditos a pequeñas y medianas empresas en el marco del Régimen de Tasa Bonificada, dentro del Programa de Estímulo para el Crecimiento de Mipymes.

El decreto presidencial 145/2017, publicado en el Boletín Oficial, establece que los créditos serán para proyectos de inversión productiva, ampliación de plantas, galpones, compras de bienes de capital e insumos o pago de salarios, con tasas de interés de entre 11% y 15,5% anual, con bonificación del Estado.

Los créditos tienen como objetivo incentivar a las pymes a financiarse en el mercado formal y crear sujetos de crédito para el sector financiero.

En una primera etapa, a partir de este mes de marzo se ofrecerán 2.000 millones de pesos destinados a los rubros de inversión productiva y bienes de capital, en los sectores de industria, minería, comercio, construcción y servicios, en los que cada pyme podrá tomar un préstamo máximo de 10 millones de pesos, con un interés máximo de 19%.

En una segunda etapa, que comenzará en abril, habrá con un cupo de 3.000 millones de pesos para proyectos de inversión, bienes de capital, capital de trabajo y los programas Mi Galpón y Parques Industriales.

La banca de garantías, a través de las Sociedades de Garantías Recíprocas, otorgará los avales necesarios para aquellas pymes que presenten una situación de mayor debilidad ante los requisitos del sector financiero.

Para aplicar a cualquiera de los préstamos, será condición esencial de las empresas estar categorizadas en el registro pyme de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Beneficios de la Ley Pyme

Vale recordar que el Gobierno reglamentó la Ley Pyme 27.264, aprobada en julio último, que crea el Programa de Recuperación Productiva para las micro, pequeñas y medianas empresas, a las que otorga beneficios impositivos.

Mediante el decreto 1101/2016, se excluyó del impuesto a la Ganancia Mínima Presunta a las mipymes que cuyos períodos fiscales comiencen en enero de 2017.

Además, les computa como pago a cuenta en Ganancias el monto ingresado por el tributo sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias, y les otorga la posibilidad de diferir el ingreso del saldo resultante de la declaración jurada del IVA y pagar el saldo a los a los 90 días de su facturación.

El decreto también prevé beneficios impositivos con un diferencial de entre 5% y 15% para las economías regionales, desgravar Ganancias hasta el 10% de las inversiones productivas realizadas, y devolver el IVA de los desembolsos en bienes de capital e infraestructura a través de un bono de crédito fiscal.

En tanto, elevó los umbrales de retención de IVA en 135% y de percepción de Ganancias en 400%; y permite otorgar a las micro empresas certificados de no retención de IVA automático.

A los fines de acceder a los beneficios del Régimen de Fomento de Inversiones para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas que realicen inversiones productivas, la Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa, mediante la Resolución 68-E/2017, estableció que los potenciales beneficiarios deberán encontrarse previamente inscriptos en el Registro de Empresas MiPyMES.

En este sentido, se aclara que el formulario de la declaración jurada, que se encuentra disponible en el sitio web de la AFIP, podrá ser presentado por los potenciales beneficiarios inscriptos desde el primer día del cuarto mes posterior al cierre del ejercicio fiscal en el cual se hayan realizado las inversiones, hasta el décimo día del mismo mes, de tratarse de personas humanas y sucesiones indivisas; y desde el primer día del cuarto mes posterior al cierre del ejercicio fiscal en el cual se hayan realizado las inversiones, hasta el último día del citado mes, en el caso de personas jurídicas.

Con carácter de excepción y por el año 2017, las personas humanas y sucesiones indivisas que hubiesen realizado inversiones productivas entre los días 1 de julio y 31 de diciembre de 2016 podrán presentar la declaración jurada desde el primer día del cuarto mes posterior al cierre del ejercicio fiscal 2016 hasta el último día de ese mes.

Cabe destacar que la normativa además realiza especificaciones sobre cuestiones relativas a las actividades de verificación y control que se dirigirán a constatar que la declaración jurada cumpla con todos los requisitos establecidos.

Por otro lado, la Secretaría de Emprendedores y Pymes oficializó mediante la Resolución 69-E/2017, la distribución del cupo fiscal anual de 5.000 millones de pesos de crédito entre las inversiones productivas de bienes de capital u obras de infraestructura conforme se establece a continuación:

a) Categoría Bienes de Capital: 70% equivalente a 3.500 millones de peso

b) Categoría Obras de Infraestructura: 30% equivalente a 1.500 millones de pesos.

Además, se aprobó la “Planilla correspondiente a la distribución de los sectores estratégicos por actividad”, a fin de definir el sector de actividad al cual pertenece una empresa determinada, adoptándose el “Clasificador de Actividades Económicas (CLAE) – Formulario N° 883” de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

En el caso que una empresa contara con más de una actividad declarada ante la AFIP, la Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa contemplará el total de las actividades informadas durante el último ejercicio en el cual se realizaron las inversiones productivas a fin de determinar el carácter estratégico del sector.

Cabe destacar que el cupo fiscal será otorgado al solicitante por orden de solicitud que hubiera sido realizada en los plazos establecidos y en la medida en que se haya dado cumplimiento con los requisitos establecidos en la reglamentación.

En caso de inexistencia de cupo fiscal suficiente, podrá otorgarse el bono de crédito fiscal parcialmente.