El Banco Central de la República Argentina (BCRA) recordó hoy que el próximo 1 de julio entra en vigencia la normativa que habilita a cerca de 1,5 millones de micro y pequeños comercios a cobrar en 8 días hábiles las ventas de bienes o servicios que realicen a través de tarjetas de crédito, en lugar de 10 días hábiles.

La medida había sido fijada a través de la Comunicación A7305 el pasado 11 de junio.

«En el caso de las empresas medianas, el plazo se mantendrá en 10 días hábiles y para las grandes empresas el plazo será a los 18 días hábiles, que es el tiempo promedio que transcurre entre el gasto en los comercios y el pago por parte de los tarjetahabientes del resumen de la tarjeta», recordó el BCRA en un comunicado.

Asimismo, explicó que el tope de comisión que los proveedores del servicio de terminales de pago pueden retener por ley a los comercios es del 1,8% para las ventas con tarjetas de créditos que se distribuye 1,3% para los emisores de tarjeta y 0,5% para los adquirentes, encargados de conectar a los comercios y procesar los pagos.

«Este esquema de plazos de liquidación facilita la fluidez del sistema de pagos y se complementa con el límite de la tasa de interés que los bancos pueden aplicar a los usuarios que optan por financiar el pago de sus consumos», aseguró el BCRA.

Y se aclaró: La medida no incluye a los denominados “agrupadores de pagos” que intermedian entre los comercios y los emisores de las tarjetas de crédito y débito, como el caso de empresas como Mercado Pago y otras que, según el BCRA, cobran «porcentajes que llegan a triplicar la comisión establecida por ley».

En apoyo a las gestiones realizadas por la Federación Comercial de Córdoba (FEDECOM), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) solicitó al Gobierno de la provincia de Córdoba -con una carta dirigida al gobernador, Juan Schiaretti-, que impida la radicación de una feria del estilo de la Salada de Buenos Aires.

«Por cada feria que se abre son miles de puestos de trabajo formales que se pierden», sentenció el presidente de CAME, Gerardo Díaz Beltrán, que alertó además por el descontrol sanitario que generan.

“Los complejos informales encubren mafias organizadas que desarrollan un sistema de trabajo esclavo, trata de personas en talleres clandestinos, contrabando, robo y piratería de mercadería, competencia desleal y corrupción. Y, como si todo esto fuera poco, hay que sumarle las pérdidas millonarias que le generan al comercio legal por la competencia desleal y la venta de mercadería de imitación a menor costo, que impacta en mayor empleo informal, menor recaudación impositiva y descontrol sanitario en medio de la pandemia, porque, al ser ferias informales, nadie las controla”, se detalló en la misiva.

«Estamos dilapidando el terrible esfuerzo económico y social realizado en la cuarentena», sostuvo Díaz Beltrán, quien remarcó que el comercio absorbió los costos de protocolos y el sostenimiento de empleados vulnerables que, desde hace más de un año, no asisten a sus trabajos, «mientras que los gobiernos hacen la vista gorda a los vendedores ilegales y las mafias organizadas».

“La venta ilegal sigue proliferando, atentando contra el esfuerzo de las pymes con la complicidad de los gobernantes. Desde invasión de manteros y aglomeración de gente comprando en las veredas hasta multitudes de personas ingresando a las saladas y saladitas del país, en plena pandemia, mientras que más de 90 mil comercios tuvieron que bajar sus persianas y despedir a sus trabajadores”, recordó.

«Nos cansamos de escuchar que el principal objetivo de los gobernantes es erradicar la pobreza y la corrupción, pero hacen todo lo contrario, siguen tolerando las mafias organizadas y el trabajo informal», expresó Díaz Beltrán.

El financiamiento a pymes en el mercado de capitales ascendió a $26.377 millones en mayo, lo que representa un incremento del 110% interanual y un monto 20% superior al mes previo, según un análisis de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra).

Al evaluar la evolución financiera y crediticia de las pymes del sector, la entidad detalló que el respaldo al segmento constituyó el 49% del financiamiento total a través de la colocación de instrumentos con oferta pública durante mayo.

Ese repunte se observa mientras el total del crédito al Sector Privado No Financiero (SPNF), «no crece desde octubre de 2020, y acumula seis meses de caída intermensual consecutivas», indicaron desde la asociación.

Acotaron que en el mes de abril esos préstamos cayeron 4,8% en términos interanuales y 2,9% con respecto a marzo, a precios constantes.

Adimra resaltó que la evolución del crédito pyme continuó mostrando un mejor desempeño que el crédito total, y creció 21,1% interanual en abril a pesos constantes y acumuló 13 meses de incrementos interanuales consecutivos.

«El stock de crédito pyme se encuentra 13% por encima del promedio de 2020 y es 39% superior al promedio de 2019», se indicó.

El informe destacó que la tasa de los préstamos a sola firma, los descuentos de cheques y los adelantos en cuenta corriente experimentó una tendencia alcista desde fines del 2020, a pesar de verificarse una baja marginal en mayo.

Por otra parte, la asociación señaló que los montos operados por descuento de cheques crecieron en mayo 84% interanual a precios constantes en el segmento pyme.

«Las tasas de interés parecen explicar la dinámica en los montos operados en el mercado bancario: la tasa de descuento de documentos promedió para abril 30% TNA, mientras que préstamos a sola firma y adelantos en cuenta corriente promediaron 34,5% y 46,1%, respectivamente», concluyó Adimra.

El Gobierno nacional formalizó el decreto que prorroga hasta el 31 de diciembre próximo la prohibición de efectuar despidos sin justa causa y, también, la prohibición de efectuar suspensiones, en el marco de las disposiciones adoptadas desde el inicio de la pandemia por coronavirus, en marzo de 2020.

La medida fue adoptada por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 413, que lleva la firma del presidente Alberto Fernández y todos los ministros.

En los considerandos, en el DNU se señala que, a causa de la pandemia, el Estado Nacional «ha adoptado medidas de contención que tienen como objetivo ayudar a las empresas a sobrellevar los efectos de la emergencia».

Asimismo, se explica que «la segunda ola de la COVID-19 que azota al país debe ser acompañada por medidas acordes que contemplen la protección de la salud de la población y coadyuven a morigerar el impacto de las medidas sanitarias sobre el empleo».

En ese sentido, se concluye que «es necesario acompañar las medidas de emergencia prorrogando la adopción de aquellas que resguardan los puestos de trabajo, como herramientas de política laboral necesarias para la protección de los trabajadores».

Para conocer los detalles del DNU ingrese aquí.

La Federación Comercial de Córdoba (Fedecom) recuerda que a partir del 1 de julio se comenzará a exigir a las personas registradas en el régimen del monotributo y que producen bienes y servicios en el país, el certificado censal, determinado luego de la primera etapa del relevamiento del Censo Nacional Económico 2020/2021 (CNE) que lleva adelante el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Los bancos les solicitarán a las unidades económicas el certificado para la realización de cualquier tipo de actividad.

Es importante destacar que los objetivos del Censo son:

• Conocer características demográficas del sector empresarial.
• Elaborar estudios comparativos desagregados según rama de actividad o ubicación geográfica.
• Proveer una descripción de las empresas del país, las actividades que realizan y el empleo que generan, lo que significa más y mejor información para la toma de decisiones productivas de localización, inversión y empleo, etcétera.

Para acceder al tutorial para que monotributistas completen el censo, ingrese a https://www.youtube.com/watch?v=IS3iY4mm4f8.

Para completar el censo, ingresar a https://cne.indec.gob.ar/#/.

La producción de las pymes industriales mostró fuertes señales de recuperación en mayo al crecer 47% interanual, empujada por el aumento de las exportaciones a Brasil y una mayor demanda de insumos para la construcción privada y pública, según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

El Índice de Producción Industrial Pyme (IPIP) de CAME también mostró un crecimiento de 11,1% respecto a abril de 2021, cuyas mayores tasas de variación se dieron en la producción de Minerales no metálicos (+43,4%) y Calzado y marroquinería (+52,1%).

De esta forma, en los primeros cinco meses del año la industria pyme acumula un alza de 20,2% frente a iguales meses de 2020 y una baja de 8,1% frente al período enero-mayo de 2019.

«La producción de las pymes industriales continuó mostrando señales de recuperación en mayo, pero con grandes diferencias entre empresas», aseguró el informe, que destacó que el 42,9% de las industrias dijo haber tenido rentabilidad positiva en mayo mientras que otro 57,1% tuvo rentabilidad nula (38,5%) o negativa (18,6%).

En ese sentido, el informe sostuvo que «la actividad registra un repunte importante, especialmente en aquellos sectores que más cayeron el año pasado» como Material de transporte (+100,1%) y Productos metálicos, maquinaria y equipo (+95,1%), mientras que Papel y cartón fue el que menos creció (+14,9%).

Esto se debe a que en mayo 2020 la producción del sector industrial pyme había caído 34,9% anual por lo que «era esperable una recuperación fuerte en las tasas de variaciones del mes».

De todas formas, CAME aseguró que «aunque con tasas de crecimiento más suaves, en los próximos tres meses la industria pyme debería continuar rebotando fuerte y cerrando su brecha con 2019, incluso a pesar de las nuevas medidas de aislamiento».

Respecto a los motivos del aumento interanual señaló, por un lado, el crecimiento de las exportaciones industriales (+85,3% anual), especialmente a Brasil, principal mercado de las pequeñas y medianas empresas donde los envíos de manufacturas industriales crecieron 169,8% anual ese mes, y, por el otro, una fuerte demanda de insumos para la construcción.

De todos modos, «la producción de mayo 2021 se mantuvo por debajo de mayo 2019», sostuvo el documento, con un promedio de caída del 4,3%, con tres sectores que ya recuperaron los niveles pre pandemia y ocho que aún no.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) prorrogó el vencimiento del monotributo del 25 de junio al 5 de agosto próximo, a través de la resolución general 5016/2021 publicada en el Boletín Oficial.

La postergación busca garantizar que las y los pequeños contribuyentes puedan pagar sus obligaciones con los valores previstos en el proyecto de ley de alivio fiscal para monotributistas que se discute en el Congreso.

Asimismo, la AFIP instruyó a las entidades bancarias y tarjetas de crédito a que suspendan en junio los débitos automáticos previstos para este viernes a los monotributistas adheridos a dichas modalidades de pago.

Los pequeños contribuyentes que ya hubieran cumplido con sus obligaciones del mes contarán con un saldo a favor para imputar a próximos vencimientos.

Esta posibilidad estará disponible una vez sancionada e instrumentada la iniciativa parlamentaria de alivio.

La resolución también posterga hasta el 5 de agosto los vencimientos de las cuotas correspondientes a los períodos devengados entre enero y mayo que vencían el 20 de julio.

De esta forma, aquellos contribuyentes que todavía no ingresaron los pagos para dichos meses contarán con más tiempo para cumplir con sus obligaciones.

Además de postergar los vencimientos del mes corriente, la norma abarca el período enero a junio con el objetivo de facilitar el acceso a los beneficios en materia de regularización contemplados en el proyecto de ley que contempla un plan de pagos de hasta 60 cuotas para monotributistas.

Para conocer el detalle de la resolución general, ingrese aquí.

La Federación Comercial de Córdoba (Fedecom), representada por su secretaria general, Cecilia Pérez Contreras, participó el miércoles pasado, junto a 30 representantes de cámaras y federaciones de todo el país, de una nueva reunión del Sector de Comercio y Servicios de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Comisión Directiva de la Federación de Centros Comerciales Abiertos (FCCA).

En primera instancia, se compartieron distintos balances de las ventas del Día del Padre, tanto el número total a nivel país como los resultados que se registraron a nivel local y regional.

Con distintos patrones de comportamiento, los presentes coincidieron en que, si bien los números siguen siendo bajos, se cumplieron las expectativas.

Varios de los participantes describieron la implementación de las acciones promocionales que contaron con el apoyo institucional de CAME en esta fecha comercial especial (participaron 72 localidades en 14 provincias). Todos destacaron que tanto esas iniciativas como las que implementaron gobiernos provinciales -como el de Santa Fe, por medio de la herramienta Billetera Santa Fe, o el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, entre otros-, fueron factores decisivos para estimular las ventas, que se concentraron principalmente en los días viernes y sábado.

En el cierre de la reunión, Fabián Tarrío, vicepresidente del Sector de Comercio y Servicios de CAME, destacó: “Me pone muy contento recibir consultas e inquietudes de parte de ustedes, y que además las compartan en estos encuentros. Esa participación nos hace más fuertes para superar una situación muy difícil, pero de la cual saldremos adelante.”

Entidades empresariales que nuclean a sectores comerciales de las provincias de Córdoba y Santa Fe solicitaron ayer, de manera urgente, a legisladores y ejecutivos municipales y provinciales de ambas jurisdicciones, una normativa y acciones concretas que prohíban el asentamiento de “saladitas” o formatos similares.

La petición obedece a las alarmantes versiones mediáticas que se conocieron sobre la posible instalación de La Salada en cercanías a la autopista Rosario – Córdoba.

Convocados por la Asociación Empresaria de Rosario (AER), representada por Ricardo Diab; la Federación Santafesina de Centros Comerciales Abiertos, representada por Fernando Forgione; la Federación de Comercio de Córdoba (Fedecom), representada por Ezequiel Cerezo; la Federación de Cámaras Empresarias de Comercio de Santa Fe (FECECO), representada por Eduardo Taborda; la Federación de Centros Comerciales Abiertos de Rosario y la Región, y con el acompañamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), expresaron estar en estado de alarma y solicitaron una normativa y acción del ejecutivo para ponerle un freno a la supuesta instalación de La Salada. 

Juan Pablo Diab, asesor legal de AER y CAME, explicó que en la provincia en octubre de 2015 se sancionó una ley para evitar la instalación de La Salada en territorio santafesino y que la misma si bien no fue reglamentada, sentó las bases para lograr su objetivo. 

Sobre la gravedad de las ferias ilegales

La Salada fue caracterizada por la Unión Europea (UE) como la feria ilegal más grande del mundo.

Según un informe de CAME de 2019, la venta ilegal en la vía pública y en saladitas ascendió a $10.015 millones en noviembre y cerraba el año en $120.177 millones. El dato surge de un relevamiento en 500 ciudades del país. Allí se encontraron 99 localidades con formatos comerciales tipo “Saladitas” y manteros en el 75% de las localidades recorridas. Se detectaron 490 saladitas con 45.653 puestos ilegales y 79.259 manteros en la vía pública. Hay 17% de menos puestos en saladitas pero se duplicaron los manteros. Sólo de IVA el Estado habría perdido de recaudar $25.235 millones en 2019.

Los aspectos negativos de este tipo de instalaciones incluyen la pérdida de recaudación para el Estado, la existencia de trabajo esclavo, informal, personas sin aporte, obra social y organizaciones mafiosas que condicionan la vida de las personas que la integran.

Además, se comercializan productos de piratería, con falsificación de marcas, que circulan en la total ilegalidad, y que generan una competencia desleal que va en desmedro de todas aquellas actividades productivas y comerciales que lo hacen formalmente, con costos impositivos, laborales, alquileres, etc.

La Federación Comercial de Córdoba (Fedecom) envió una misiva al ministro de Industria, Comercio y Minería de Córdoba, Eduardo Accastello, por medio de la cual le solicitó su intervención ante el Gobierno de la Provincia de Córdoba, para que éste defienda la actividad productiva local, el comercio formal  y los puestos de trabajo que ellos generan, no permitiendo la instalación de una “Saladita” en la provincia.

“Como entidad comprometida con los intereses de los sectores empresariales vinculados a las actividades comerciales y de servicios de la Provincia, entendemos que la instalación de este formato de Feria no es más que otra extensión del comercio ilegal que tanto afecta a nuestro país”, refiere Fedecom en la carta, al tiempo que recuerda que el ejercicio del comercio en forma ilícita “afecta directamente a los comerciantes” que no pueden competir con quien puede vender productos a precios hasta un 50%  inferior.

La entidad también le recordó al Ministro que la venta ilegal le resta ingresos tributarios al Fisco, por lo que “la proliferación de la venta ilegal no sólo destruye al comercio sino también a la provincia y al país”.

Para conocer la carta enviada, ingrese aquí.